La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó en el mediodía de este martes nuevas medidas en la investigación al juez federal Marcelo Bailaque. Se trata de la remisión de los tres expedientes por los que será acusado formalmente este miércoles en los Tribunales federales de bulevar Oroño al 900 por presuntas maniobras de corrupción, incumplimiento en los deberes de funcionario público y prevaricato.
Según los datos a los que accedió Rosario3, el consejero Álvaro González había pedido hace un mes el envío de los legajos, pero el Consejo recién le hizo lugar este martes. La información solicitada se da en plena etapa de recolección de pruebas contra el juez. De confirmarse los casos expuestos en noviembre pasado por el Ministerio Público Fiscal, Bailaque podría enfrentar un jurado de enjuiciamiento, donde se evaluará una posible sanción o destitución.
Como ya anticipó este medio, los fiscales federales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (Ministerio Público Fiscal distrito Rosario) señalaron las posibles irregularidades que cometió el magistrado en tres causas puntuales: en el manejo de fondos de la intervenida cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, en supuestas demoras en una causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado, cuyo entramado societario tenía de contador –Gabriel Mizzau– al mismo que le llevaba los números al juez, y por una llamativa intensidad en un legajo contra un empresario que fue denunciado manera anónima y desprolija y terminó perjudicado, se cree, con posible connivencia con personal de la ex Afip y Aduana, en la hoy reconvertida Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Mizzau, por su parte, ya fue imputado junto con el contador Eduardo Semino por haber prestado “asesoramiento” al llevar la contabilidad del entramado societario que utilizó Alvarado desde 2014 en adelante. Los fiscales afirmaron que Mizzau, por ejemplo, siguió manteniendo comunicaciones hasta septiembre de 2024 con Rosa Natalí Capuano, ex esposa de Alvarado, condenada por lavado, justamente por la actividad de las firmas a las que se le llevaron los números.
El fiscal de la Procunar Scilabra también remarcó que ni Mizzau ni Semino hicieron reportes de operaciones sospechosas por la actividad de Edra, Logística Santino, TOIA y Sagrado Corazón de María, las cuatro empresas relacionadas con el capo narco.
Para los fiscales, fue curioso que mientras Mizzau era contador de Bailaque y de algunas de las empresas vinculadas al narcotraficante, el juez que tenía a cargo la instrucción de la investigación contra Alvarado denegó medidas como intervenciones telefónicas a Capuano, justamente relacionada con el contador. “El juez debería haberse excusado de intervenir”, señaló Scilabra sobre su accionar en el legajo contra el jefe narco.
La otra acusación contra el juez fue por el manejo de los fondos de la intervenida cooperativa de estibadores portuarios de Puerto San Martín y San Lorenzo. En ese expediente, el magistrado permitió el giro de mil millones de pesos hacia una mutual cuyo responsable es su amigo Fernando Whpei, cuando debió haberlo hecho hacia una entidad bancaria, regulada por el Banco Central.
Reynares Solari le achacó al juez no haber hecho lugar a la recusación en su contra, que habían presentado un grupo de estibadores que indicaba que estaba beneficiando a su amigo, lo que constituía una irregularidad. Luego, el fiscal indicó que en las apelaciones ante instancias superiores, Bailaque no dejó asentado que era amigo de Whpei hasta que se lo consultaron los camaristas Fernando Barbará y Aníbal Pineda, en una segunda revisión de cámara. “Jamás negué que era su amigo”, contó el fiscal que respondió Bailaque.
“En la investigación pudimos comprobar que Bailaque viajó a Chile en abril de este año (2024) con Whpei. Claramente, es amigo hasta el día de hoy”, aseguró.
El último caso fue expuesto por el fiscal Argibay Molina, que describió el presunto accionar de una red en la que estaría involucrado el juez, su secretario Gustavo Guazzaroni y trabajadores de alta jerarquía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en realizar medidas para perjudicar al empresario Claudio Iglesias en 2019, a quien se investigó por una denuncia anónima que ingresó primero al despacho de Bailaque y luego a la por entonces Afip, desde donde se había enviado la información, según afirmó el fiscal.
Después de ponderar que la causa contra Iglesias tenía una estrecha correlación en las fechas en las que Bailaque mantenía encuentros, comidas con el directivo de la ex Afip Carlos Vaudagna, Argibay Molina señaló: “Hay intercambios entre Vaudagna y Bailaque el día de los allanamientos. Después de las indagatorias a Iglesias y Jorge Oneto se dictó la falta de mérito y el trámite quedó planchado a niveles escandalosos”.
Después de la audiencia, el propio Vaudagna aceptó ser “arrepentido” en la investigación, donde confesó la autoría de varios delitos, entre ellos, el de haber extorsionado a empresarios a cambio de dinero en connivencia con otros actores del sistema.
