El Concejo Municipal de Rosario manifestó su preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de implementar una auditoría general a todas las Pensiones No Contributivas (PNC) previstas en la ley 13.478 y el decreto 432/97, dispuesta por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La declaración tildó de “arbitrarias y masivas” las auditorías y alertó sobre “los claros objetivos de ajuste del gasto público como parte de una estrategia de corrimiento de la responsabilidad estatal en la garantía de derechos de las personas con discapacidad”.
Desde el Concejo Municipal se advirtió que esta medida, que introduce criterios restrictivos y exige nuevas certificaciones médicas, “ha generado incertidumbre, temor y angustia en miles de personas con discapacidad que dependen de estas pensiones para su subsistencia y afecta directamente la red de instituciones y servicios de cuidado que trabajan con este sector de la población”. El texto que se aprobó por mayoría en la sesión del pasado jueves detalla:
- Desconocimiento de la normativa vigente: la resolución entra en contradicción con leyes provinciales y nacionales, como la Ley Provincial N.º 13.853/18, la Ordenanza Municipal N.º 9524/2016, y tratados internacionales de rango constitucional como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378 y Ley 27.044).
- Deslegitimación de certificaciones oficiales: la auditoría desconoce la validez de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) otorgados por juntas evaluadoras idóneas, y exige un nuevo Certificado Médico Oficial (CMO) con otro criterio de evaluación, generando una superposición innecesaria de trámites y costos.
- Falta de información clara y pública: los establecimientos de salud municipales no han sido notificados oficialmente sobre esta medida ni han recibido información técnica sobre los criterios de evaluación. Esto dificulta la contención y orientación de las personas afectadas.
- Angustia social y riesgo de suspensión de derechos: muchas personas han recibido cartas documento que exigen estudios y tramitaciones en el sector privado de salud, sin garantizar acceso, plazos ni alternativas públicas suficientes, exponiendo a personas en situación de vulnerabilidad a la pérdida de su única fuente de ingreso.
- Impacto en los prestadores de servicios y el sistema de salud: centros de rehabilitación, centros de día y otros espacios que trabajan con personas con discapacidad podrían sufrir un fuerte impacto económico ante una eventual suspensión de pensiones, que además afecta el acceso al Programa Federal Incluir Salud.
- Rechazo generalizado: organizaciones sociales, expertos en discapacidad y derechos humanos, y redes como REDI han expresado su oposición a esta política, que consideran regresiva, discriminatoria e injusta.
El concejal Caruana, autor de la declaración, precisó en el recinto “que alguien en silla de ruedas tenga que ir a demostrar que no está mintiendo, está en el orden de la perversión. Lo que está pasando con las pensiones por discapacidad no es un tema de trámites, ni de burocracia, ni de orden fiscal. Es otro capítulo del festival de la crueldad al que lamentablemente ya nos tiene acostumbrados el gobierno de Milei.”
Aclaró luego: “Si hay pensiones mal otorgadas, estas deben revisarse. Eso no está en discusión. Pero resulta necesario garantizar la continuidad de las pensiones sin interrupciones arbitrarias y establecer canales de diálogo institucional con provincias y municipios, en pos de proteger y garantizar los derechos adquiridos de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional”.
