Después de más de 20 años de bloqueo a una ley que garantice el derecho de "Acceso a la Información Pública" en el Senado provincial, el Sindicato de Prensa Rosario y la Asociación de Prensa de Santa Fe expresaron su preocupación por el texto de la ley provincial 14.256 que no fue debatido con el sector y consideraron "limitativa" del derecho por las "restricciones" que incluye.
Esa norma se refiere a la “Gobernanza de Datos” e incluye en un capítulo, de forma escueta, al derecho que debería ser un pilar para la transparencia de las gestiones de gobierno. "No obstante no fue dada a conocer por las autoridades provinciales, tal como hubiese sido necesario y resulta absolutamente desconocida para la sociedad santafesina", señalaron las entidades de los trabajadores de prensa.
"El texto de la ley es limitativo para el ejercicio de este derecho. Cuando el acceso a la información en poder del Estado debe ser irrestricto para cualquier persona que la requiera, la 14.256 exige algo más: la «acreditación de un interés simple», un requisito que no debiera pedirse, ni ningún otro, para que se cumpla con el principio del acceso sin restricción. Nos preguntamos ¿quién evaluará si ese «interés simple» califica para el acceso solicitado?, sin contar con que también se deberá aportar prueba documentada de ese interés", ampliaron.
El texto sancionado, continúa el comunicado, "no prevé ninguna sanción para el incumplimiento de los actores obligados a brindar información; no define el mecanismo de acceso, los plazos de entrega, ni los recursos que el solicitante pueda transitar en el caso de denegatoria o silencio".
Las excepciones son muy amplias y genéricas, y permiten que el sujeto obligado pueda decidir a su antojo si entrega la información o no: como ejemplo se puede citar que no se entregará cuando la información sea “susceptible de ser aprovechada por el requirente en forma indebida o en desmedro del principio de igualdad o de la libre competencia de otras personas”. Es decir, que abre una puerta enorme para que una autoridad de aplicación -que el texto legal no menciona- sea todopoderosa y pueda decidir si da o no publicidad a los actos de gobierno.
En 2023, los diputados de Santa Fe dieron media sanción por décima vez en 21 años a la ley que instala el acceso a la información pública en la provincia. Pero ese derecho fue trabado por los senadores una y otra vez.
Ahora, las organizaciones sindicales y de la sociedad civil que apoyan ese reclamo se enteraron hace "pocos días" de la existencia de ese "texto legal que niega la que debe ser la esencia de este derecho: poder conocer la información pública sin ningún tipo de restricciones o condicionamientos".
En ese marco, reclamaron: "Una nueva ley de Acceso a la Información Pública deberá redactarse en consonancia con los mejores estándares y con la letra y el espíritu de las normas que involucran a los poderes del Estado, ya que se trata de una herramienta vital para el fortalecimiento del sistema democrático y la transparencia respecto a la información pública".
