Aseguran que la urbanización de Tablada sigue en pie pese al cierre de un fondo clave de Nación

La motosierra no para y una noticia de la cual el vocero presidencial, Manuel Adorni, se enorgulleció en las últimas horas generó inquietud en Rosario: el cierre del Fondo de Integración Socio Urbano (Fisu). Sin embargo, desde el gobierno nacional aclararon que las obras de urbanización en barrio Tablada que se iban a financiar con esos recursos siguen en pie y desde la Municipalidad confirmaron que esta semana recibieron un adelanto para los mismos, aunque hay retrasos en los plazos que se habían establecido.  

El Fisu es una política pública que estaba a cargo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (Sisu) y permitió realizar obras importantes para mejorar la vida cotidiana de los habitantes de distintos barrios populares de la ciudad. Ese fondo tuvo una característica poco usual en la Argentina: fue votado durante la gestión de Mauricio Macri luego de un acuerdo entre funcionarios de esa administración y el dirigente social Juan Grabois, y puesto en marcha durante la gestión de Alberto Fernández a cargo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana. 

El gobierno de Javier Milei lo desfinanció, pues los recursos provenían mayormente de una porción de la recaudación del ahora muy reducido impuesto Pais –solo quedó para las compras con tarjetas en el exterior–, pero aún así definió que con el dinero que quedaba el fondo iba a priorizar unos pocos proyectos. 

El único que llegó a anunciar, en octubre del año pasado, es la reactivación del plan de urbanización del barrio Tablada, uno de los marcados en rojo dentro del mapa de la inseguridad y la violencia de Rosario. Allí, con una inversión de algo más de 7 mil millones de pesos –cerca del 90 por ciento de ese monto aportado por Nación y el resto por el municipio–, el plan contempla abrir dos calles y construir 25 viviendas en un predio cercano para trasladar a familias que viven sobre las trazas de las nuevas arterias. 

El 29 de octubre de 2024 se firmó, en el Centro de Distrito Sur, el convenio entre Nación y la Municipalidad. Estuvieron la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich; el subsecretario de Integración Socio Urbana (Sisu), Sebastián Pareja (hombre de extrema confianza de Karina Milei); la diputada libertaria Romina Diez, y el intendente Pablo Javkin. Luego del acto hicieron una recorrida por el barrio.

Bullrich tuvo mucho que ver con aquel anuncio. Ella impulsó dentro de la administración Milei que avanzara el pedido que formuló Javkin para que Nación concretara las obras, que ya habían sido licitadas pero no ejecutadas durante el año 2023. El argumento del intendente que hizo suyo la ministra para conseguir una excepción al ajuste mileísta fue que La Tablada es el barrio argentino que mayor número de homicidios por habitante tuvo en los últimos 15 años.

Aquel día también se firmaron los contratos con las empresas a las que se adjudicaron los trabajos: Conylog y Del Sol en una de las licitaciones –la de las viviendas, financiada íntegramente Nación– y Pecam en la segunda licitación –la de apertura de calles–, en la que se contemplaba una participación de un 17 por ciento de la Municipalidad de Rosario. El plazo de ejecución fijado fue de 18 meses.

Fuentes empresarias revelaron a Rosario3 que en el primero de los casos los adjudicatarios recibieron algo de dinero pero a cuentagotas. Y que en el segundo caso Nación ni siquiera envió el anticipo. La secuencia lógica, se atajaron en la Municipalidad, es que primero se terminen las viviendas para poder liberar la traza de las nuevas calles.

Desde las empresas entienden que la disolución del Fisu no implica la muerte del plan de urbanización, pues Nación le dio al proyecto, según la respuesta formal que recibieron, estatus de “priorizado”. 

Rosario3 consultó a la subsecretaría nacional, desde donde respondieron. “La Sisu sigue, lo que se eliminó es el fondo fiduciario porque el presidente dijo hace un año que se iban a eliminar todos los fondos fiduciarios. Ahora, la Sisu, en vez de sacar plata del Fisu, del fondo fiduciario, la va a sacar del Tesoro Nacional. Pero nada cambia”, buscó tranquilizar un vocero del organismo nacional.   

Sobre las demoras en el envío de las partidas, la respuesta fue la misma: “No cambia nada”. 

Fuentes municipales, en tanto, revelaron que esta semana llegó un anticipo de 270 millones de pesos de Nación destinado a las obras de viviendas y aseguraron que esos trabajos ya estaban en marcha por un adelanto de 150 millones que la propia Municipalidad realizó a la unión transitoria de empresas que ganó la licitación. Con esos recursos, los adjudicatarios realizaron el movimiento de suelo, los cimientos y llegaron a comprar los materiales para seguir.

Para la apertura de calles, dicen desde la Intendencia, se espera que durante este mes llegue el adelanto para poner a andar las maquinarias.

El ritmo que adquieran –o pierdan– las obras en las etapas que siguen dependerán del pago de los certificados a las empresas por parte de Nación. 

Con las obras en cuestión se completaría el proyecto del cordón Ayacucho, que comprende el cuadrante que componen esa calle, Chacabuco, Uriburu y bulevar Seguí. 

La Municipalidad tenía otros planes de urbanización en carpeta desde hace ya mucho tiempo. Entre ellos el de Sorrento y Cullen que consideraba como prioritario, con la idea de que este tipo de iniciativas, que de alguna manera incorporan barrios irregulares a la ciudad formal, son fundamentales para pacificar los mismos más allá de las tareas de policiamiento. 

En total, la Sisu abarcaba, a enero de 2024, 27 proyectos en Rosario. De ellos, seis estaban terminados, 13 en ejecución y el resto no había comenzado. La posibilidad de que éstos últimos se conviertan en realidad quedaron ahora demasiado lejos.