Tras el rechazo en el Senado nacional ficha limpia, que buscaba impedir a condenados en segunda instancia a ser candidatos a cargos electivos nacionales –su aplicación dejaba fuera de carrera, por ejemplo, a la ex presidenta Cristina Kirchner–, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, anunció que promoverá su inclusión en la nueva Constitución santafesina y en la Carta Orgánica que se acuerde en el marco de la autonomía municipal. Además, apuntó contra los sectores que no apoyaron la iniciativa y pidió terminar con el uso corrupto del Estado.

“Vamos a establecer ficha limpia en la Constitución de Santa Fe y por supuesto en nuestra futura Carta Orgánica”, adelantó el jefe de gobierno local. “Fíjense lo que estamos discutiendo: si alguien está condenado por delitos contra el Estado, puede ocupar un rol en el Estado”, se indignó.

A continuación, señaló: “Permítanme decir que me resulta sospechoso el resultado cuando personas que siempre han acompañado las iniciativas públicas gubernamentales, justo en este caso, hayan cambiado su voto. Pero se habló mucho de que no convenía que salga y también quiero decirles esto. Nosotros tenemos que dejar atrás la corrupción, dejar atrás la idea de usar el Estado en beneficio propio y para eso no tiene que haber impunidad”.

Luego, hizo referencia al kirchnerismo cuyos representantes en la cámara se abrazaron al caer la iniciativa. “Acá hay sectores políticos que, lo veíamos ayer, festejaban la impunidad y algún otro, que a lo mejor creyendo que le conviene electoralmente, deja de lado los valores, las cosas como tendrían que ser e intenta, para polarizar electoralmente, mantener vivo lo que no hay que dejar vivo”, criticó.

El proyecto obtuvo 36 votos a favor pero 35 en contra. La mayoría requerida era de 37, más de la mitad de los miembros de la Cámara alta. Fue clave el rechazo de los senadores por Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas Decuts, que llegaban como aliados del gobierno.

La iniciativa había sido aprobada en extraordinarias en la Cámara baja el 12 de febrero pasado, por 144 votos positivos, 98 en contra y 2 abstenciones. Establece que las personas con condenas en segunda instancia por delitos de corrupción no podrán ser candidatas a cargos electivos. También estarán inhabilitadas a ocupar distintos roles en la administración pública.