Otro policía de la Brigada Motorizada, que estuvo involucrado en un procedimiento escandaloso llevado a cabo en diciembre del año pasado en barrio República de la Sexta, fue condenado a tres años de prisión condicional por varios delitos por los que asumió su responsabilidad. Se trata del suboficial rosarino Julián Márquez (27), quien estuvo preso seis meses y medio desde que fue allanado a fines del año pasado por Asuntos Internos.
El abreviado al policía, homologado este viernes ante la jueza Verónica Lamas González, es por los delitos de privación abusiva de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público, allanamiento ilegal, violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas coactivas y lesiones leves calificadas. Todo en calidad de coautor.
El futuro expolicía abonó 5 millones de pesos en concepto de multa y le fue impuesta una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.
Márquez es el segundo condenado por el desaguisado que sobrevino en la mañana del 7 de diciembre, cuando un joven motociclista fue parado en un control de rutina en Esmeralda e Ituzaingó para que mostrara la documentación del vehículo en que se trasladaba, una Yamaha YBR, con la que circulaba sin casco (cuestión que motivó el control).
Todos los papeles de la moto, la billetera y su DNI habían quedado en lo de su hermano, quien habita un domicilio cercano, puesto que el joven –que había trasnochado– había salido en busca de comprar algo para comer, tenía pensado pagar con QR y planeaba regresar, según contaría luego.
Quienes iniciaron ese control fueron los policías Márquez y su compañero Bernardino Fernández, pero luego aparecieron en esa misma esquina Lucas Brest y Matías Ovando.
“Apenas me pararon me sacaron mi teléfono celular”, dijo el vecino de La Sexta en referencia a un aparato Xiaomi. Márquez y Fernández se quedaron con la YBR en Esmeralda e Ituzaingó mientras que los demás acompañaron al joven hasta la casa de su hermano, ubicada en el complejo de viviendas cercano, para chequear la documentación de la YBR.
De acuerdo con lo que reconstruyó el fiscal Pablo Socca, luego de subir las escaleras y estar frente al departamento, lo que podría haber culminado en ese momento con la exhibición de la documentación escaló en una situación donde los efectivos, en un principio, no supieron descomprimir, y enseguida, extralimitándose, la convirtieron en un procedimiento ilegal que iría de mal en peor.
Los policías dijeron que el morador se retobó e intentó cerrar la puerta; el motociclista afirmó que los efectivos entraron de prepo en la vivienda. “Quedé sorprendido, porque no tenían orden de allanamiento, por lo tanto, empecé a gritar y me alboroté, les empecé a decir que ellos no se podían meter. Yo tenía miedo que me hicieran algo y me asusté”, dijo el motociclista.
Cuando comenzó a filmar a los efectivos con el celular de su hermano, la situación escaló, al punto de que el joven trepó hasta la terraza del edificio desde el balcón y luego volvió a la calle en busca de la moto, que había quedado sin llave y sin la custodia de los otros policías, entre ellos Márquez, que habían escuchado gritos en el edificio.
El motociclista llegó a esconder la moto en un pasillo por Ituzaingó, ya cerca de Beruti. Y luego enfiló a la casa de su madre, quien vive muy cerca de allí (y de hecho se la cruzó cuando iba a trabajar). La mujer lo regañó por "amanecido", y el joven se quedó en la casa.
A todo esto, varios policías se fueron sumando a la caza del motociclista por los alrededores de la zona, y el desatino iba en aumento.
Allí comenzó la segunda parte del “procedimiento” cargado de irregularidades.
“Yo no había hecho nada y quería saber qué había pasado con mi hermano y cuando salgo llega la policía motorizada”, relató el damnificado.
La Policía lo volvió a cruzar en la calle, y allí se desató una persecución por el interior de la manzana con varios uniformados arriba de los techos. Hasta que el joven logró volver a la casa de su madre, donde finalmente fue detenido tras una irrupción irregular.
La investigación detectó que en esa secuencia los policías sustrajeron del departamento 70 mil pesos propiedad del hermano de la víctima y un celular Motorola, mientras que de la casa de la madre secuestraron sin razón alguna elementos de cosmética: un estimulador muscular, un lipoláser, cuatro aplicadores, un masajeador de pies, un lipoláser y radiofrecuencia, un asiento masajeador, una depiladora con un vector (todo iba a ser destinado a un futuro centro de estética) y un parlante marca "Stromberg", que no figuró en el acta, ya que fue robado por el policía Fernández, indicó la Fiscalía.
La víctima terminó encausada por la portación de un revólver .38 que de acuerdo al acta policial había descartado en uno de los techos, cuando la investigación determinó que era portada ilegalmente por uno de los policías como un arma trucha, conocida en la jerga como arma “perro”.
La causa que se le sigue a Márquez y a otros colegas comenzó a destaparse con la declaración de la víctima cuando declaró tras ser imputada por los supuestos delitos de portación de arma de fuego de guerra, resistencia a la autoridad y cohecho activo.
Luego, la Fiscalía comprobó que el acta policial rebosaba de irregularidades, como así también las autorizaciones de ingreso a domicilios que habían hecho firmar a familiares de la víctima y a vecinos.
En el caso de Márquez, logró zafar de dos imputaciones: la de robo calificado y la de la portación del revólver .38, puesto que se comprobó que no tuvo participación en esos delitos.
