El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°8 condenó este miércoles al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio a 13 años y 6 meses de prisión, como integrante de dos asociaciones ilícitas que operaron entre mediados de 2016 y febrero de 2019. Una de ellas realizaba tareas de inteligencia ilegal y extorsiones; la otra tenía como objetivo ejecutar operaciones internacionales de lavado de dinero por sumas millonarias. Otros cinco imputados también fueron condenados, entre ellos dos exagentes de inteligencia, con penas que van desde los 9 años de prisión efectiva hasta los 3 años en suspenso.
El caso que dio origen a la causa fue el que involucró al empresario Pedro Etchebest. Según lo acreditado en el juicio, en enero de 2019 D’Alessio le exigió 300 mil dólares para evitar que su nombre apareciera vinculado a la causa “Cuadernos”, impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio. Para consumar la extorsión, los miembros de la organización se presentaron como allegados a funcionarios judiciales.
Como resultado de las maniobras de intimidación, Etchebest entregó 14.700 dólares en dos encuentros realizados en locales gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires. Ese monto –o su equivalente en pesos– fue ordenado restituirle por el tribunal como parte del fallo.
El debate oral, que se extendió durante un año y diez meses –comenzó el 12 de septiembre de 2023–, estuvo a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y del auxiliar fiscal Miguel Yivoff. El TOCF 8 estuvo integrado por las juezas Sabrina Namer (presidenta), Gabriela López Iñíguez y el juez Nicolás Toselli.
En línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, D'Alessio (55) fue condenado como miembro de dos asociaciones ilícitas, por violar la Ley de Inteligencia Nacional (en calidad de partícipe primario), por extorsión y coacción (en calidad de coautor), por cuatro intentos reiterados de extorsión y por tenencia ilegal de armas de guerra, tras el hallazgo de un revólver Smith & Wesson calibre .357 Magnum en su domicilio.
Fue absuelto únicamente por el delito de encubrimiento, por prescripción de la acción penal. Cabe recordar que D'Alessio ya había sido condenado en 2021 por el TOCF N°2 de CABA a cuatro años de prisión por tentativa de extorsión contra el empresario Gabriel Traficante. Actualmente se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
Los exagentes de inteligencia Ricardo Oscar Bogoliuk y Rolando Hugo Barreiro recibieron penas de 9 años y medio y 6 años de prisión, respectivamente. Ambos fueron considerados responsables de asociación ilícita y violación de la Ley de Inteligencia. Además, a Bogoliuk se le atribuyeron delitos vinculados al lavado de dinero, extorsión y coacción; mientras que Barreiro fue condenado por tentativa reiterada de extorsión.
En tanto, Pablo Leonardo Bloise (58, licenciado en sistemas), Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti (60, comerciante) y Aldo Eduardo Sánchez (54, empresario) recibieron 3 años de prisión en suspenso como miembros de la asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
Fueron absueltos el excomisario bonaerense Aníbal Degastaldi (70), el oficial de Prefectura Franco Leandro Pini (45) y el boxeador Mariano Rubén Díaz (43).
El fiscal Stornelli, procesado en su momento por el juez Alejo Ramos Padilla por asociación ilícita y extorsión, no llegó a juicio. Cuando la causa pasó al ámbito de por Comodoro Py, el juez Julián Ercolini le dictó primero una falta de mérito y más tarde un sobreseimiento.
Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el 15 de septiembre de 2025.
Durante el juicio quedó probado que una de las asociaciones ilícitas se dedicaba a la inteligencia ilegal, en clara violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Sus integrantes obtenían, producían y almacenaban información sobre la vida privada de distintos individuos, a través de fuentes públicas, bases de datos restringidas y contactos con agentes estatales.
La información era utilizada luego para intimidar a las víctimas y exigirles sumas de dinero bajo amenaza de manipular causas judiciales o utilizar medios de comunicación para perjudicarlas o beneficiarlas. La organización mantenía vínculos con funcionarios judiciales, fiscales, fuerzas de seguridad, periodistas y empresarios, lo que exhibía como prueba de su capacidad de daño.
Además, el falso abogado que por entonces invocaba su rol del colaborador del fiscal Stornelli, se paseaba como “experto” por los programas de TV al servicio de la AFI y publicaba columnas en Clarín e Infobae.
En su alegato, el fiscal Colombo describió el funcionamiento de la red como “un binomio de espionaje ilegal y extorsión”, con participación tanto de "socios voluntarios" como de "involuntarios", entre los que mencionó a actores del ámbito judicial y mediático.
“D’Alessio y sus socios usaron a la prensa y a la Justicia como palanca de presión para sostener sus operaciones”, afirmó. También sostuvo que el falso abogado contaba con validación mediática, lo que le permitió avanzar en sus maniobras delictivas.
El Grupo Buenos Aires
En paralelo a las actividades de espionaje, la investigación detectó una segunda asociación ilícita denominada “Grupo Buenos Aires”, nombre con el que sus miembros se identificaban en un chat de WhatsApp. La integraban D’Alessio, Bogoliuk, Bloise, González Carthy y Sánchez, y operó al menos entre marzo y diciembre de 2018.
Según Colombo, este grupo diseñó una “ingeniería financiera” para mover fondos ilícitos de una jurisdicción a otra, utilizando el sistema bancario y contactos con oficiales de cuentas, evitando los controles y alertas que detectan operaciones sospechosas.
