En Rosario, buscan incorporar algunos cambios clave en la norma que regula la circulación de animales domésticos, ante la proliferación de una enorme cantidad de criaderos que se dedican a la compra y venta ilegal. En los últimos meses, fueron recurrentes las noticias en torno a operativos de rescate de mascotas de raza, así como de perros que fueron abandonados por sus dueños durante varias semanas, tras el aviso de vecinos que los detectaban desnutridos. A eso se suma que es alta la proliferación de la venta de costosos cachorros a través de redes sociales y de sitios web.
La ordenanza número 7.445 es la que establece el control, registro y permanencia en lugares de uso público de animales domésticos de compañía, y entre los cambios que se debate por estas semanas en el Concejo, se destacan tres: la obligatoriedad en el uso de chapitas identificatorias, que el órgano de contralor sea oficialmente la secretaría de Control (que ya es de facto), y principalmente prohibir la existencia de criaderos de animales de raza con fines comerciales, con un plazo de cinco años para que los que funcionan con habilitación cierren sus puertas o se trasladen a otra localidad.
Se busca así resguardar a los animales que quedan abandonados en la vía pública, que cada vez son más y frenar el enriquecimiento a costa de la reproducción de las mascotas. La propuesta es bajo el argumento de que "es contradictorio que, por un lado, el municipio estimule las esterilizaciones de animales domésticos, y que por el otro, deje sin control ni regulación alguna la comercialización clandestina de mascotas, lo que incide directamente en el aumento de la población de perros y gatos y la falta de responsabilidad en su tenencia", según reza el proyecto al que accedió Rosario3.
El asunto se está debatiendo en la comisión Ecología desde hace algunas semanas y luego de tener proveído pasará por la comisión de Salud antes de ser llevado a sesión ordinaria. Contempla la mirada de protectoras y asociaciones que trabajan con animales.
El proyecto que busca prohibir criaderos fue propuesto en 2022 por la concejala Norma López y llegó a su caducidad tras cumplir dos años en el recinto, pero fue reflotado ahora luego de haber proliferado la cantidad de criaderos clandestinos. "Hubo propuestas similares anteriores, pero no habían avanzado hasta ahora entre los asuntos legislativos", expresó una asesora de López a este medio.
Al momento no existe ordenanza que prohíba criaderos, y tampoco existe penalización municipal para quien lo tenga, aunque claro que hay diferencias en la legalidad entre los criaderos habilitados y los que no lo están. En caso de prosperar su total prohibición, el proyecto de ordenanza prevé dar cinco años desde su aplicación a los criaderos habilitados para dejar de funcionar o su reubicación por fuera del ejido de la ciudad.
Al salir de casa, la chapita identificatoria
Al reflotar el proyecto, la concejala López incorporó además la obligatoriedad de la identificación de las mascotas con un número de contacto de sus dueños. Esto fue a partir de la sugerencia de proteccionistas y veterinarios. En torno a la obligatoriedad, se verá la factibilidad de establecer una multa, ya que es de difícil regulación, pero “la idea es que si llevás el número de contacto en la chapita, es porque estás preservando al animal”, explicó la asesora de la concejala. El proyecto de cambios en la ordenanza reza: "Será obligatorio el uso de identificación con nombre de su dueño/dueña tenedor y teléfono de contacto". En una reunión realizada este lunes con Maximiliano Levrand, coordinador en Políticas Transversales del área Salud Animal, y Jose Ignacio Mangiameli, de Políticas Intersectoriales, los ediles de las comisiones de Salud y de Ecología les expresaron que se viene evaluando esta serie de modificaciones, basadas en las propuestas de López y de Carlos Cardozo (por el cambio de autoridad de aplicación a la Secretaría de Control). Levrand consideró que “hay cuestiones que ya suceden como el cambio en el control por parte de las autoridades" y sostuvo que "las normativas están atrasadas, y el proyecto de Cardozo es un ejemplo”. Sobre su proyecto, el propio Cardozo había explicado a este medio: “La propuesta que presentamos en febrero del año pasado y ahora retomamos es que la Oficina de Protección Animal opere dentro de la Secretaría de Control. Y afortunadamente, desde entonces hubo avances en el área de Salud Animal, que llevaron a que esto suceda en la práctica, separando el control de lo que es salud”. De esta manera, “las castraciones, adopciones y revisaciones permanecen bajo la órbita del Imusa y otras delegaciones bajo el ala de Salud Animal, mientras que todo lo que conste en proteger animales que quedan encerrados en una vivienda, o en la calle, por ejemplo, ya está a cargo de Control. Es decir, que desde que lo presentamos hace más de un año, esto cambió de facto, y ahora solo hay que modificar la ordenanza”. Sobre el proyecto de modificaciones de Norma López, Levrand destacó: “Todos queremos apuntar a la prohibición de los criaderos, y esto requiere modificar la ordenanza”. Aunque luego aclaró que, así como el asunto mencionado por Cardozo, “la autoridad de aplicación y control será la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana. No nosotros”. Por su parte, el director general de Políticas Intersectoriales de la Secretaría de Salud Pública, José Ignacio Mangiameli, destacó: “Venimos dialogando con funcionarios de Control, y hemos organizado para mejorar el circuito de atención del reclamo con Protección Civil sobre qué tipos de animales toman ellos, y nosotros acompañando en función de la salud del animal”. A esto agregó: “Esta semana tendremos una reunión con la Policía Ecológica, que toman otro tipo de reclamos, y con Fiscalía para ver las cuestiones legales de animales rescatados, ya que muchas veces están en condiciones de adoptabilidad y está limitada la posibilidad de entregarlos por lo legal”. El proyecto de ordenanza establece directamente la prohibición en todo el ejido de Rosario de instalar criaderos de animales domésticos (perros y gatos), y sobre los criaderos que se encuentren debidamente habilitados hasta entonces, el proyecto reza: "Podrán continuar con su actividad durante cinco años más, sin posibilidad de prórroga alguna, debiendo presentar una declaración jurada de los animales que tengan bajo su custodia, y los mismos deberán estar identificados fehacientemente con microchips o tatuajes". Desde entonces, solo podrán comercializarse ejemplares cachorros o adultos que sean debidamente identificados con microchips y libreta sanitaria y en todos los casos deberán tener certificados de salud expendido por veterinario debidamente matriculado en el Colegio de Veterinarios. En el caso de que este proyecto de modificaciones en la ordenanza 7.445 avance y se apruebe, “de constatarse la actividad de comercialización de perros y gatos sin la debida habilitación, se procederá a la inmediata clausura, decomiso de los animales y correspondiente penalización según el código de faltas”.
La mirada de los funcionarios de Salud Animal
Sobre la prohibición de criaderos
