La jueza rosarina Paula Calace Vigo ordenó a la Provincia interrumpir los descuentos en los haberes dispuestos por la ley de reforma previsional y devolver los ya aplicados a una docente jubilada, tras hacer lugar a la acción de amparo que la misma presentó en la Justicia.
Es el primer caso en el que la Justicia le da la razón a una jubilada docente, pues la mayoría de los anteriores fueron por presentaciones de ex magistrados o funcionarios del Poder Judicial.
Justamente el fallo de Calace Vigo resalta que no se trata de un ex juez, que por el nivel del haber que cobra puede no verse tan afectado por los descuentos, sino de alguien con un ingreso –1.700.000 pesos con descuentos por alrededor de 47 mil– en el que las detracciones sí pueden ser significativas e influir en el nivel de vida.
“En el presente caso, no estamos ante una jubilada ex magistrada o funcionaria del Poder Judicial, sino ante una docente jubilada en el año 2008, que presenta problemas de salud propios, con el aditamento de tener a su cargo un hijo con discapacidad, tal como demostró en el expediente”, escribió textualmente la magistrada.
No solo eso. El fallo también toma un argumento de los abogados patrocinantes de la jubilada, que cuestiona que la Provincia se ampare en el carácter temporal de los descuentos para justificarlos. “No podemos olvidar la situación de la edad, la categoría de vulnerabilidad por ser adulto mayor y la salud en deterioro por el natural paso del tiempo. Estos factores podrían en los hechos configurar una lesión permanente en sus ingresos”, señaló.
La presentación judicial ataca dos artículos de la reforma previsional. El 2, que es el que fija las detracciones definidas como “aporte solidario”, y el 10, que es el que permite al Ejecutivo prorrogar hasta 60 días la aplicación para el sector pasivo de los aumentos que por paritarias le otorga a los trabajadores activos.
