Un tribunal federal de Rosario condenó a 11 años de prisión a Julián Mariano Gutiérrez, ya declarado culpable de participar en el secuestro extorsivo de una mujer ocurrido en agosto de 2024 en Venado Tuerto. El hecho, según la investigación, estuvo motivado por una deuda vinculada al narcomenudeo que mantenía el hermano de la víctima. Por ese mismo caso ya habían sido condenados una mujer y otro hombre.
La pena para Gutiérrez se resolvió en la primera audiencia de determinación de pena –también llamada cesura de juicio– realizada en Rosario bajo el nuevo sistema acusatorio federal, implementado en mayo de 2024. Esta etapa procesal, prevista por el Código Procesal Penal Federal (CPPF), se celebra por separado del juicio de responsabilidad.
El tribunal, integrado por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Germán Sutter Schneider y Elena Dilario, lo condenó como autor de los delitos de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el mismo motivo, y tenencia de armas de fuego de uso civil y de guerra.
Gutiérrez ya había sido declarado penalmente responsable mediante la homologación de un acuerdo parcial –limitado a su participación y a la calificación legal– mientras que para los otros dos implicados el acuerdo fue pleno. En ese contexto, el juez federal Aníbal Pineda condenó a Raúl Oscar “Cachavacha” Gerez (49) y Araceli Lucrecia Pena (33) a 6 años de prisión.
El caso se inició el 17 de agosto de 2024, cuando la víctima, identificada como N.G., radicó una denuncia en la Comisaría 12 de Venado Tuerto. Según su relato, dos días antes Pena –su excuñada– y Gutiérrez irrumpieron en su casa armados, la amenazaron y le exigieron una mochila que su hermano, C.A.G., alias Maradona, habría sustraído. En ella había dinero, drogas y armas de fuego.
La mujer fue sacada por la fuerza y trasladada en una motocicleta hasta una casa ubicada en inmediaciones de las calles España y Huhn. Allí, denunció que fue golpeada, amenazada y obligada a participar de una videollamada a través de una tablet. En la comunicación, un hombre al que se referían como “Enano” –identificado en la causa como líder de la organización– le advirtió que, para liberarla, debían devolver lo robado o entregar algo en garantía. De lo contrario, la matarían.
Durante su cautiverio, Gutiérrez llamó al padre de la víctima y le exigió la devolución de los elementos sustraídos, además de una suma de cuatro millones de pesos. También se contactaron con el hijo de la mujer, de 15 años, quien estaba recorriendo la ciudad para encontrar a su tío. En su búsqueda, dio con la casa donde estaba retenida su madre. Gutiérrez lo recibió armado y reiteró las condiciones para la liberación.
Más tarde, el adolescente recibió un mensaje que exigía el boleto de compra-venta de la casa familiar. Al tomar conocimiento de la situación, el padre de la víctima se comunicó con el captor, quien le indicó que recuperarían la documentación a cambio de la mochila en poder de su hijo.
Ese mismo día, a las 22, el joven entregó los papeles de la vivienda y logró la liberación de su madre. N.G. fue en busca de su hermano, lo encontró en la Villa Moisés y le reclamó la mochila, que contenía un arma, dinero en efectivo y una bolsa con balas. Luego regresó al lugar donde había estado cautiva y se la entregó a Gutiérrez, quien le dijo que aún faltaban drogas y más dinero. Al día siguiente, su hijo recibió un nuevo mensaje: tenía “hasta las cinco de la tarde para desalojar la parte de atrás de la casa” y solo cuando se saldara la deuda le devolverían la vivienda y la documentación.
La denuncia fue tomada por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que el 18 de agosto ordenó allanar la vivienda donde se concretó el secuestro. Allí fue detenida Pena y se incautaron dos revólveres y municiones de distintos calibres.
Ese mismo día, Gerez y Gutiérrez fueron detenidos mientras merodeaban un Volkswagen Gol en la vía pública. Durante la requisa del vehículo se secuestraron dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y documentación personal y del auto.
El fiscal destacó la gravedad del caso y subrayó que era la primera vez que se registraba un secuestro extorsivo de esta naturaleza en la región del Departamento General López.
