La jueza Gabriela Sansó confirmó este miércoles la prisión preventiva para el financista Luis Herrera y sus dos hijos Ignacio y Diego, desestimando así el planteo de la defensa que buscaba que los empresarios sigan detenidos en su domicilio.
En diciembre, la jueza Paula Álvarez había dispuesto la prisión preventiva de los tres por 6 meses mientras avanzan las investigaciones por múltiples estafas a sus clientes en el marco de su default en septiembre de 2021, porque el equipo del fiscal Miguel Moreno, en colaboración con la querella, descubrieron que antes del default Herrera transfirió 5 millones de dólares a operadores financieros y comerciales radicados en el exterior ocultando esos activos, sumándole así la imputación por quiebra fraudulenta y asociación ilícita a la que ya tenían por estafa.
El viernes comenzó la audiencia en el Centro de Justicia Penal para analizar la apelación de la defensa de la familia Herrera que se extendió hasta este miércoles. La resolución en segunda instancia fue tan contundente como la decisión original de Àlvarez en primera.
Hoy, la magistrada ponderó que la cantidad de víctimas y el daño a resarcir creció considerablemente de la primera imputación y pedido de prisión preventiva que se había dicho en 2022. Originalmente, se habían presentado unas 80 víctimas con una acreencia de unos 6 millones de dólares, pero ahora hay unas 400 víctimas con un perjuicio por 18 millones de dólares.
También se tomó en consideración cuál fue la actitud de los imputados en relación con las víctimas, cambiándole de manera permanente la causa del default, lo que viene de la mano del entorpecimiento probatorio y la peligrosidad procesal de los tres Herrera.
Es que, según detectaron los fiscales y los abogados querellantes (Mariano Pujol, Guillermo Mionnet, Sabrina Superti, Juan Cruz Salinas, Viviana Cosentino, Jorge Resegue), los Herrera se ocultaron bienes y se aportó siempre información incorrecta e incompleta, a diferencia de lo que decían en público de estar cooperando con las autoridades.
Por ejemplo, mientras que en un primer momento no aparecían rastros de operaciones en el Chicago Board of Trade, mercado de los Estados Unidos en el que Herrera decía que invertía, cuando se les complicó la situación procesal pusieron luego a disposición más de 18 mil recibos de operaciones allí. Lo mismo con transferencia de dinero desde el MatbaRofex que decían que tuvo un destino distinto al que confesaron ahora que le dieron.
También ocurrió lo mismo con la presentación del concurso, cuando denunciaron solo una veintena de acreedores y después de dictada la quiebra reconocen la totalidad de los acreedores.
Todo eso para la Justicia conformó un destrato a las víctimas y también un entorpecimiento probatorio por lo que les confirmaron que seguirán detenidos preventivamente en prisión y no en sus domicilios.
